Flotilla a Gaza: Ada Colau se embarca en la mayor misión civil y avisa del coste de no hacer nada
La mayor travesía civil hacia Gaza toma cuerpo entre tormentas, sospechas de sabotaje y un incidente en Túnez
Setenta barcos civiles se han propuesto llevar ayuda a Gaza y desafiar el bloqueo naval israelí. En una de esas cubiertas viajan Ada Colau y Greta Thunberg. La exalcaldesa de Barcelona resume el espíritu de la expedición con una frase cruda: «el riesgo de permitir un genocidio sin hacer nada es aún mayor». La apuesta es tan simbólica como peligrosa.
La organización Global Sumud Flotilla zarpó de Barcelona a finales de agosto de 2025 con un objetivo claro: abrir una vía humanitaria directa hacia la franja. Es el intento más ambicioso desde que en 2010 una operación israelí sobre la embarcación Mavi Marmara acabó con 10 fallecidos en un asalto que marcó a fuego cualquier travesía posterior. Los promotores aseguran que esta vez la escala, la coordinación y la visibilidad pública son distintas.
Entre los participantes hay activistas de España, Portugal, Grecia, Italia, Túnez y otros países. La embarcación más mediática, apodada «Family Boat», agrupa a figuras conocidas como Colau y Thunberg. La ruta no ha sido sencilla: el mal tiempo obligó a un retorno a Barcelona en los primeros días y forzó a los capitanes a reprogramar ventanas de navegación por los fuertes vientos del norte.
Desde los muelles, Colau enlazó su salto a la mar con la política municipal que llevó como alcaldesa. Barcelona fue un actor destacado en la defensa de derechos humanos y, en 2023, promovió la suspensión de relaciones institucionales con Israel y del hermanamiento con Tel Aviv, medida que después el consistorio restableció. En esta travesía, ella repite una consigna: «Barcelona no falla».
La expedición sostiene que en Gaza la falta de agua, electricidad y alimentos es deliberada, y denuncia bombardeos sobre hospitales y escuelas. Cita un balance de más de 63.000 muertos, muchos niños, una cifra que no puede verificarse de forma independiente y que los organizadores atribuyen a registros locales y a informes de terreno. Israel niega estar cometiendo un genocidio, asegura que actúa en defensa propia y acusa a Hamás de ocultar combatientes y arsenales en zonas civiles.
El viaje ha tenido sobresaltos fuera del parte meteorológico. Los organizadores denunciaron intentos de sabotaje en puertos italianos antes de retomar la navegación. No señalaron autores ni ofrecieron pruebas públicas más allá de daños puntuales en sistemas de las naves, pero reforzaron protocolos de vigilancia nocturna y revisiones técnicas.
El episodio más delicado llegó el 9 de septiembre, cuando el «Family Boat», con bandera portuguesa, sufrió un incendio en cubierta mientras estaba atracado en Túnez. La flotilla habló de un ataque con dron. Las autoridades tunecinas, en cambio, apuntaron a la combustión de un chaleco salvavidas. No hubo heridos. La investigación local sigue en marcha y, por ahora, las dos versiones coexisten sin una conclusión oficial compartida.
España se ha movido en el plano consular. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, comunicó que el Gobierno dará «toda la protección necesaria» a tripulantes españoles y apoyo similar al prestado en anteriores flotillas. Eso incluye seguimiento por parte de consulados, canales de comunicación de emergencia y coordinación con otros países de la Unión Europea cuando sea preciso. No equivale, sin embargo, a garantizar la llegada a destino: la decisión de interceptar o no corresponde a Israel.
Los organizadores aspiraban a aproximarse a Gaza hacia el 14 o 15 de septiembre, pero ya asumen que el calendario puede estirarse hasta finales de mes por el tiempo, los incidentes técnicos y los controles portuarios en cada escala. Navegar en convoy civil obliga a sincronizar decenas de despachos marítimos, reposiciones de víveres y revisiones de seguridad, una logística que cualquier contratiempo dispara.
Israel mantiene desde 2007 un cierre por aire, tierra y mar sobre Gaza, reforzado tras la toma del enclave por Hamás. Defiende que el bloqueo busca frenar el contrabando de armas y los ataques contra su población. Los críticos replican que el cierre ha estrangulado la economía, hundido los servicios básicos y agravado cada crisis humanitaria. Diversas agencias de la ONU llevan años alertando de la falta crónica de agua potable, electricidad y medicamentos.
La parte legal está lejos de ser pacífica. Un panel de la ONU y otros informes internacionales han ofrecido lecturas distintas sobre la legalidad del bloqueo y sobre el uso de la fuerza en intercepciones en alta mar. En 2010, la operación contra el Mavi Marmara dejó muertos y decenas de heridos, y abrió un debate que aún colea. Desde entonces, cada nueva flotilla despierta la misma pregunta: ¿qué margen real tienen embarcaciones civiles antes de un abordaje?
En este contexto, el caso ante la Corte Internacional de Justicia por presunto genocidio en Gaza añadió presión. En enero de 2024, el tribunal ordenó a Israel medidas cautelares para prevenir actos de genocidio y facilitar la ayuda, sin resolver aún el fondo del asunto. La causa está viva y alimenta el argumentario de las ONG que promueven un corredor humanitario independiente.
Colau, que dejó la alcaldía en 2023, encarna una corriente municipalista que saltó a la escena internacional. En su etapa, Barcelona convirtió la agenda de derechos en seña de identidad. Su presencia ahora en alta mar amplifica el foco mediático de la misión y coloca a los ayuntamientos en un tablero donde suelen dominar estados y ejércitos.
Greta Thunberg aporta un altavoz global distinto. Aunque es conocida por el activismo climático, en los últimos años ha conectado la crisis ambiental con conflictos y desplazamientos. Para la flotilla, su nombre atrae atención y, con ella, un escudo de vigilancia pública que puede disuadir excesos. Para sus detractores, mezcla causas y reduce debates complejos a lemas. Eso también viaja a bordo.
El manifiesto de la travesía es claro: abrir un canal humanitario directo, con barcos cargados de alimentos, potabilizadoras, medicamentos y material para refugios. El plan contempla descargar en algún punto seguro cercano a la costa o, si no hay permiso, insistir por la vía política con mediación internacional. Todo ello choca con la práctica habitual de Israel, que solo permite la entrada de ayuda por pasos terrestres bajo su control o el de Egipto, con inspecciones estrictas.
La seguridad es un rompecabezas. Las tripulaciones han ensayado protocolos si un buque militar exige el alto: comunicación por radio, identificación de bandera, registro de lista de pasajeros, cámaras grabando en continuo y una cadena de abogados alerta en Europa. Cada capitán decide, pero la recomendación interna es no ofrecer resistencia física si llega el abordaje para evitar una escalada sin salida.
En paralelo, la flotilla intenta blindarse ante riesgos menos visibles: ciberataques a sus comunicaciones, fallos eléctricos provocados, infiltraciones. De ahí los chequeos en puerto y la decisión de dividir el convoy en grupos que se reencuentran más adelante. A mayor dispersión, menor impacto si un problema obliga a detener a una parte de la caravana.
Para Israel, permitir que un grupo civil rompa el cierre por mar sentaría un precedente que abriría la puerta a embarques menos transparentes. Para los activistas, la idea de que solo se puede ayudar a Gaza por corredores vigilados por los mismos actores del conflicto es un callejón sin salida. Ese choque de visiones se traslada ahora al Mediterráneo.
Mientras el calendario se mueve, la opinión pública se reacomoda. Colectivos pro palestinos ven en la travesía un gesto de desobediencia civil que puede salvar vidas. Voces judías críticas con el Gobierno israelí piden soluciones que no pasen por castigos colectivos. Y asociaciones pro israelíes denuncian que las flotillas blanquean a Hamás y ponen en riesgo a civiles al convertirse en pantalla para fines políticos.
La ruta importa. Salir de Barcelona ofrecía simbolismo, logística y apoyo ciudadano visible. También expuso a la misión a temporales tempranos y a una cadena de controles en aguas y puertos europeos. Cada recalada deja rastro documental y obliga a coordinar con guardias costeras, capitanías y ministerios, de Lisboa a Túnez, con normativas distintas y, a veces, intereses encontrados.
Para quien observa desde casa, estas son las claves que ordenan el relato hasta ahora:
- Finales de agosto: salida desde Barcelona de un convoy de unas 70 embarcaciones bajo el paraguas de Global Sumud Flotilla.
- Primeros días: regreso temporal por mal tiempo y replanificación de ventanas de navegación ante vientos del norte.
- Escalas en puertos del Mediterráneo con denuncias de sabotaje en Italia, sin autores identificados.
- 9 de septiembre: incendio en el «Family Boat» en Túnez; los organizadores hablan de dron, las autoridades locales lo niegan y apuntan a un chaleco salvavidas.
- Posible llegada a la zona de Gaza retrasada de mediados a finales de septiembre, en función de clima y averías.
- España ofrece protección consular y apoyo a ciudadanos a bordo, como en misiones anteriores.
En Gaza, la devastación marca el telón de fondo. Los cortes de luz se han vuelto norma, el sistema de salud está colapsado, y las escuelas funcionan como refugios improvisados. Cada jornada sin ayuda vuelve más frágiles a los más vulnerables. Las cifras bailan según la fuente, pero la realidad que describen médicos y cooperantes en la zona es de carencia extrema.
El lenguaje también pesa. Los organizadores usan «genocidio» y piden que los gobiernos actúen, no solo observen. Israel rechaza esa acusación y subraya que su objetivo militar son grupos armados que perpetraron o planifican ataques. En medio, una mayoría civil atrapada en una franja con salidas bloqueadas y un mar que hoy es escenario de una pulseada política con rostro humano.
Colau insiste en que no son los ciudadanos quienes deberían exponerse en el mar, sino los estados los que tendrían que abrir vías seguras y estables de asistencia. Su mensaje interpela a gobiernos europeos y a instituciones multilaterales, y coloca una pregunta simple encima de la mesa: si no es por aquí, ¿cómo?
Conforme se acerque la flota al este del Mediterráneo, todo dependerá de tres variables: el parte meteorológico, las decisiones políticas en Tel Aviv y las gestiones discretas de terceros países con margen de mediación. Si algo no falta es atención internacional. Si algo sobra son riesgos.
En este punto, una cosa es segura: la Flotilla a Gaza ya ha logrado que el debate vuelva al centro de la conversación. Queda por ver si su travesía abre de verdad una rendija para el paso de ayuda o si solo añadirá un capítulo más a una historia que se repite desde hace década y media.
Qué está en juego: legalidad, vidas en riesgo y la política que se juega en cubierta
A diferencia de otros corredores humanitarios, el marítimo choca de lleno con una realidad: quien controla el litoral es quien decide. Israel ha advertido en otras ocasiones de que interceptará embarcaciones que busquen entrar sin autorización. Sus manuales de abordaje contemplan intentos de desvío a puertos alternativos para inspección, o el uso de la fuerza si hay resistencia. La flotilla dice que no pretende enfrentamientos, pero su mera presencia activa el protocolo militar.
El derecho internacional del mar permite controles en alta mar bajo supuestos limitados, como sospecha fundada de tráfico de armas. La discusión jurídica está en si se puede aplicar de forma general a un territorio en conflicto, con población civil masiva y necesidades críticas. Es una zona gris que abogados y expertos llevan años peleando en informes y salas de tribunal.
Hay además el terreno de los símbolos. Un barco con caras conocidas genera protección por la vigilancia mediática, pero también ruidos extra: cualquier incidente se multiplica y obliga a gobiernos a pronunciarse. Eso explica el tono con el que Exteriores en España ha marcado distancias: apoyo consular, sí; carta blanca para romper un bloqueo, no.
Para los activistas, el precedente de 2010 pesa como advertencia y como motor. Aquel asalto mostró los límites de la desobediencia en el mar, pero también colocó bajo los focos la situación en Gaza cuando casi nadie quería mirar. La pregunta ahora es si, 15 años después, el resultado será distinto porque el contexto es más extremo y el respaldo social, mayor.
Mientras tanto, la vida a bordo transcurre entre turnos de guardia, talleres de primeros auxilios, simulacros de emergencia y ruedas de prensa improvisadas en cubierta. Hay médicos, marineros, juristas y voluntarios que nunca habían pisado un barco. A cada jornada, la logística se impone: racionar agua, asegurar combustibles y repartir equipos de seguridad personal.
Si la flotilla es detenida, quedará el efecto político. Si llega, aunque sea de forma parcial, habrá un golpe sobre la mesa para pedir un corredor más estable. Si fracasa, muchos leerán el intento como una presión legítima que, aun sin puerto de destino, sirvió para arrastrar compromisos de ayuda adicionales. Ese es el cálculo que hoy guía a quienes siguen a bordo.
De aquí a los próximos días, la atención estará en tres pantallas: el radar de las embarcaciones, las señales diplomáticas que salgan de Jerusalén, El Cairo y Bruselas, y los partes meteorológicos que permitan o no abrir los tramos finales. En medio, nombres propios como Ada Colau y Greta Thunberg funcionan como altavoces, pero el foco que persiguen es uno: que las bodegas no vuelvan vacías y que la gente en Gaza reciba lo que hoy no tiene.
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