Detenidos el presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería en el caso Koldo de las mascarillas
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron el martes 18 de noviembre de 2025 en Almería al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, y a su vicepresidente segundo, Fernando Giménez, en una operación que da un giro drástico al ya conocido caso Koldo. La investigación, que arrancó en 2021 por contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia, ahora apunta a una red de sobornos, malversación y blanqueo que habría desviado al menos 2,03 millones de euros en fondos públicos. Lo más sorprendente: el presidente provincial, que lleva seis años en el cargo tras dos legislaturas como vicepresidente, no solo estaba al tanto, según los fiscales, sino que habría sido el nexo clave entre empresas privadas y la administración local.
El origen del caso: mascarillas y mordidas en plena pandemia
Todo comenzó en abril de 2020, cuando la Diputación de Almería adjudicó un contrato por 2,03 millones de euros para la compra de mascarillas quirúrgicas. En pleno confinamiento, las necesidades sanitarias eran urgentes, y los controles se relajaron. Pero lo que parecía una medida necesaria se convirtió en una puerta trasera para el fraude. Según el auto judicial, las empresas contratadas no tenían capacidad real para suministrar el material, y los precios pagados eran hasta un 300% superiores al mercado. El 15 de junio de 2021, la UCO ya había detenido a Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero y responsable de Urbanismo —y sobrino del alcalde de Fines—, acusado de recibir comisiones cercanas al millón de euros por este contrato. La comisión parlamentaria del Congreso lo citó como ejemplo clásico de lo que llamaron "mordidas sanitarias".
La red se amplía: obras, contratos y el alcalde de Fines
Lo que parecía un caso aislado de corrupción en mascarillas se convirtió en una telaraña. Entre 2017 y 2021, la Diputación de Almería firmó al menos siete contratos de obras públicas con empresas vinculadas a Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines desde 2003. Según el atestado de la UCO, Sánchez Simón actuó como intermediario entre los contratistas y altos cargos de la Diputación. Una de esas empresas, vinculada a Kilian López, recibió más de 1,5 millones en licitaciones sin concurso abierto. "No fue casualidad que todos los contratos importantes pasaran por la misma oficina", señaló un fiscal en una comparecencia interna en marzo de 2025. La jueza que instruye el caso, tras escuchar a los 16 investigados, concluyó que había "patrones repetitivos de fraude en la tramitación".
El silencio del presidente: declaraciones que no cuadran
Javier Aureliano García Molina siempre ha negado conocimiento directo. En junio de 2024, ante la comisión parlamentaria del caso Koldo, declaró: "La institución estaba ajena a cualquier acción personal en la que pudiese haber falta de transparencia". Pero aquí está el quid: el PSOE, que ejerce la acusación popular, presentó un informe con 17 testimonios contradictorios. Un exdirector de contratación aseguró que García Molina asistía a reuniones privadas con los contratistas. Otra prueba: un correo electrónico fechado el 12 de marzo de 2020, encontrado en un servidor de la Diputación, mostraba un mensaje de García Molina a Giménez: "Hazlo rápido, que esto se va a ventilarse en semanas". La justicia lo interpretó como una orden para acelerar el trámite sin controles.
El Partido Popular entre la espada y la pared
La reacción del Partido Popular fue inmediata: propuso la suspensión cautelar de García Molina. Pero la medida no fue un gesto de ética, sino de supervivencia política. En Almería, el PP gobierna con mayoría absoluta desde 2019, y este caso pone en riesgo no solo su liderazgo local, sino también su imagen en Andalucía. "No podemos permitir que la corrupción de unos pocos manche a toda la institución", dijo el portavoz provincial, aunque nadie en el partido ha pedido la dimisión de los otros implicados. La paradoja es que el mismo PP que ahora pide suspender a García Molina fue quien lo nombró presidente en 2019 tras su larga trayectoria como vicepresidente. Algunos militantes, en privado, confiesan: "Nos vendieron a García como un técnico, pero era un político de red".
¿Qué sigue? La justicia y los 16 investigados
La investigación no ha terminado. Aunque las detenciones del 18 de noviembre fueron el punto más visible, la jueza ha ordenado la incautación de 14 cuentas bancarias y la revisión de 2.300 documentos digitales. Los 16 investigados —entre ellos empresarios, técnicos y políticos— ya prestaron declaración en marzo de 2025, pero la magistrada aún no ha dictado auto de procesamiento. Lo que sí está claro: el caso no tiene relación con las tramas de la Audiencia Nacional, pero sí con una red local que operó con impunidad durante casi cinco años. El TSJA confirmó que existen indicios de cohecho, malversación y blanqueo, y que los fondos desviados podrían superar los 4 millones de euros si se incluyen todos los contratos sospechosos.
El impacto en Almería: desconfianza y desasosiego
En las calles de Almería, la reacción ha sido de consternación. "Si esto pasó con las mascarillas, ¿qué habrá pasado con los colegios, las carreteras o los centros de salud?", preguntaba una vecina de El Ejido en una entrevista con elDiario.es. Los pequeños empresarios que participaron en licitaciones limpias ahora temen ser señalados. Las ayudas para la cultura y el deporte, que dependen de la Diputación, ya han sido congeladas. Y el presidente de la Asociación de Municipios de Andalucía advirtió: "Esto no es solo un caso de corrupción. Es un colapso de la confianza en la administración local".
Frequently Asked Questions
¿Por qué se detuvo al presidente de la Diputación si ya había declarado en 2024?
Aunque García Molina declaró en 2024, la UCO obtuvo nuevos datos en abril de 2025: correos electrónicos, testigos clave y movimientos financieros que contradecían sus afirmaciones. La jueza consideró que su versión no era coherente con la evidencia, lo que justificó su detención como sospechoso activo, no solo como testigo.
¿Cuánto dinero se habría desviado en total?
Según el auto judicial, al menos 2,03 millones de euros se desviaron en el contrato de mascarillas. Pero al sumar otras siete adjudicaciones de obras entre 2017 y 2021, los fiscales estiman que el total podría superar los 4 millones de euros. Al menos 1,2 millones habrían llegado a cuentas offshore vinculadas a los investigados.
¿Qué papel jugó el alcalde de Fines en esta trama?
Rodrigo Sánchez Simón actuó como puente entre empresas privadas y la Diputación. Sus conexiones familiares con Óscar Liria y su influencia en la zona permitieron que empresas de su entorno recibieran contratos sin concurso. La UCO ha identificado al menos tres empresas vinculadas a él que recibieron más de 2,5 millones en licitaciones irregulares.
¿Por qué se tardó tanto en detener a García Molina?
La investigación fue secreta hasta 2025, y la jueza necesitaba pruebas contundentes para detener a un político de alto rango. Se esperó a recopilar correos, testigos y movimientos financieros que demostraran conocimiento directo. La detención no fue un error, sino el resultado de una estrategia meticulosa para evitar que se destruyera la evidencia.
¿Está relacionado este caso con otros casos de corrupción en Andalucía?
No está vinculado a casos como el de la Audiencia Nacional, pero sí comparte métodos con otras tramas locales: contratos sin licitación, empresas fantasma y comisiones a cambio de adjudicaciones. Es un caso típico de corrupción "de proximidad", donde los políticos locales usan su poder para beneficiar a amigos y familiares.
¿Qué pasa ahora con la Diputación de Almería?
La vicepresidenta primera, que no está implicada, asume las funciones de presidente de forma interina. Pero la institución está paralizada: los contratos nuevos están congelados, y la Junta de Andalucía ha enviado inspectores para revisar todos los expedientes desde 2017. Las elecciones provinciales se adelantarán si no se restablece la gobernabilidad en los próximos meses.
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